El Juzgado Federal de Campana dispuso que la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelva a regir sin demoras en todo el país, al anular la parte del Decreto 681/2025 que mantenía suspendida su implementación. Con esta resolución, el magistrado Adrián González Charvay reinstaló la vigencia plena de la norma y marcó un límite a la intervención del Poder Ejecutivo en materias ya definidas por el Congreso.

La medida judicial recae sobre la Ley 27.793, sancionada para declarar la emergencia en materia de discapacidad hasta 2027. Su aplicación había sido detenida por el Ejecutivo bajo el argumento de que aún no se habían establecido las fuentes de financiamiento necesarias. Sin embargo, el fallo remarcó que una ley aprobada por insistencia parlamentaria no puede ser sometida a condiciones posteriores que afecten su ejecución.

Un fallo con impacto en todo el sistema de atención

El conflicto se originó cuando personas con discapacidad, familiares y organizaciones presentaron demandas denunciando que la suspensión profundizaba la falta de recursos y servicios esenciales. Según tomaron en cuenta en el expediente, la interrupción afectaba directamente la continuidad de prestaciones, terapias y apoyos básicos.

Mientras el Ministerio de Salud defendió el decreto advirtiendo posibles desequilibrios fiscales, la Justicia entendió que el Estado posee herramientas para realizar las reasignaciones presupuestarias que la ley ya contempla. Además, subrayó que los derechos de los grupos vulnerables deben recibir especial protección y que el Ejecutivo no puede restringirlos mediante actos administrativos.

Consecuencias de la decisión

La sentencia ordena al Gobierno Nacional aplicar la ley en forma inmediata, lo que implica revertir los efectos del artículo suspendido y avanzar con todas las medidas previstas en el régimen de emergencia. El fallo es considerado un precedente relevante porque reafirma que las políticas vinculadas a derechos sociales no pueden quedar sujetas a decisiones unilaterales del Ejecutivo cuando el Congreso ya se expidió.

Para las personas con discapacidad y sus familias, la resolución abre el camino para la regularización de prestaciones y el fortalecimiento del sistema de apoyos, un reclamo sostenido desde hace meses por distintos colectivos.