La Cámara Federal de Posadas confirmó la resolución que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a reactivar el pago de cuatro pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas en Misiones. La decisión, emitida el 7 de noviembre, reafirma el fallo de la jueza civil y comercial Carmen Helena Carbone, quien en septiembre había ordenado la restitución inmediata de los beneficios.

El tribunal, integrado por los jueces Fabián Cardozo, Mario Boldú y Mirta Tyden, sostuvo que la interrupción de los haberes vulneró derechos esenciales de personas en situación de especial vulnerabilidad. En consecuencia, dispuso mantener los pagos hasta que se resuelva definitivamente el caso.

La causa se originó luego de que se detectara que los beneficiarios habían sido dados de baja sin previo aviso ni proceso administrativo que justificara la medida. La Justicia consideró este accionar como arbitrario y contrario a garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa, a la seguridad social y a una tutela judicial efectiva.

En su apelación, la ANDIS defendió la legalidad de las suspensiones, cuestionó la competencia de la Justicia provincial y advirtió que la restitución de las pensiones “podría afectar el interés público”. Sin embargo, la Cámara rechazó estos argumentos, subrayando que las pensiones por invalidez son un derecho de seguridad social con jerarquía constitucional y que su suspensión podría provocar perjuicios irreversibles, como la falta de acceso a alimentos, medicamentos o a programas como Incluir Salud.

Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, recordó que el amparo fue presentado “por casos concretos de personas que perdieron su pensión sin aviso y sin poder obtener respuesta”. Además, destacó que la sentencia “no es motivo de festejo, sino un paso necesario para reparar una situación que causó angustia y desamparo a familias que dependen de ese ingreso para su sustento diario”.

Con esta decisión, la Justicia Federal vuelve a reafirmar la vigencia del derecho a la seguridad social y la protección integral de las personas con discapacidad, mientras continúa la evaluación de los procedimientos administrativos llevados adelante por la ANDIS.