El Gobierno nacional dispuso una nueva prórroga en la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuya aplicación plena quedó trasladada para enero de 2026. La decisión se formalizó mediante el Decreto 840/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
La normativa modifica una vez más el calendario de incrementos que rige desde 2018, el cual debería ajustarse cada trimestre siguiendo la evolución de la inflación. No obstante, sucesivas administraciones mantuvieron frenadas estas actualizaciones para evitar un impacto directo en el precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Con el nuevo esquema, las actualizaciones pendientes del año 2024 y las correspondientes a los primeros nueve meses de 2025 solo se incorporarán al precio final a partir del 1º de enero de 2026 para nafta súper, nafta virgen y gasoil.
Aumentos parciales en diciembre
Aunque la aplicación plena se pospone, el decreto establece que en diciembre de 2025 habrá una actualización limitada, cuyos valores se detallan en un anexo oficial. Esto supone un incremento previo al cierre del año.
Para las naftas, se definió una suba de $16,377 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,003 por litro en el tributo al dióxido de carbono.
En el caso del gasoil, el ajuste será de $13,546 por litro en el impuesto general, $7,335 en la alícuota diferencial que se aplica en determinadas zonas del interior del país y $1,544 por litro en el impuesto al CO₂.
Fundamentos de la medida
El Ejecutivo argumentó que la decisión busca sostener la actividad económica y garantizar un esquema fiscal “ordenado y sostenible”.
El impuesto al dióxido de carbono, que se suma al gravamen principal sobre los combustibles líquidos, sigue gravando las emisiones contaminantes derivadas del uso de combustibles fósiles. Aunque representa una porción menor de la carga total, también se actualiza periódicamente para preservar su efecto fiscal y ambiental.

